POR MANIFESTARSE EN DEFENSA DEL AGUA AGREDEN A HABITANTES DE «LA ALBORADA» EN CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.
A los medios de comunicación
A las organizaciones defensoras de derechos humanos
A la opinión pública
- Policías de Cuautitlán agredieron a habitantes de «La Alborada» que protestaban pacíficamente por agua. Además, detienen a dos personas y amenazan con abrir una carpeta de investigación contra el delegado vecinal.
- Vecinos de La Alborada frenan el huachicoleo oficial de agua.
El 13 de marzo de 2025, ante la falta de respuesta oficial, las y los vecinos del fraccionamiento La Alborada en Cuautitlán, Estado de México, tomamos bajo nuestro resguardo el pozo de agua potable administrado por el ayuntamiento. Organizados a través de la Comisión del Pozo, instancia creada por la comunidad, exigimos frenar la extracción excesiva con la que la Dirección de Agua Potable abastece a otras zonas. Para ello, demandamos el mantenimiento de las instalaciones y un diagnóstico técnico que evalúe si el pozo puede soportar los volúmenes que exige el municipio. Las autoridades jamás nos entregaron ese dictamen.
La única respuesta de Jonathan Vieyra, director de agua potable, fue entregar un estudio de aforo del pozo. Según este documento, existe un supuesto excedente de 600,000 litros diarios, cifra con la que justifica extraer 60 pipas al día (de 10,000 litros cada una) para otras zonas. Sin embargo, la Comisión, la Delegación y la Asamblea de La Alborada frenaron este abuso y condicionaron a las autoridades a un límite máximo de 10 pipas por día.
Semanas después, la Dirección de Agua Potable retiró deliberadamente una de las tres bombas que suben agua al tanque elevado, dejando solo dos en funcionamiento. Al operar a marchas forzadas por la falta de mantenimiento, una de ellas colapsó el pasado 11 de julio. Ante la falta de respuesta de las autoridades, la infraestructura del tanque elevado se deterioró gravemente, quedándonos durante cinco días con una bomba activa, provocando que no se garantizará el suministro de agua durante dos días. Esta crisis se pudo evitar, ya que desde noviembre hemos exigido la devolución de la bomba retirada, pero las autoridades decidieron ignorarnos.
En este contexto, la Comisión del Pozo convocó ayer, 15 de julio, a una Asamblea Extraordinaria para abordar la problemática. Por acuerdo común, decidimos manifestarnos en la avenida Camino a Zumpango para exigir la devolución de las dos bombas y la normalización del suministro de agua.
Es importante aclarar que esta protesta fue totalmente pacífica: mantuvimos un carril libre para la circulación y nunca bloqueamos el paso a ambulancias, motocicletas ni patrullas. Quienes cerraron el paso por completo fueron los elementos de la Guardia Civil. Esto desmiente la versión de la presidenta municipal, Juana Carrillo Luna, quien acusa falsamente —en redes sociales— a los vecinos de bloquear las vías y dejar sin atención médica a “una persona que derrapó en motocicleta”.
Denunciamos también que la vialidad se liberó por completo en cuanto se presentaron las autoridades. Aun así, sufrimos una agresión directa ordenada por el director de Gobierno de Cuautitlán, el Dr. Manuel Becerril López. Elementos de la Policía Municipal, la Guardia Civil y el Grupo de Operaciones Especiales arremetieron violentamente contra la comunidad, afectando a infancias y un número considerable de mujeres de la tercera edad. Este hecho constituye el delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 125 del Código Penal Federal, el cual se castiga con prisión y la destitución del funcionario.
A pesar de que siempre mostramos disposición al diálogo, Manuel Becerril ordenó detenciones arbitrarias, ensañándose particularmente con nuestro delegado vecinal, Raúl Bernal, con la intención de imputarle el delito de ataque a las vías de comunicación. Ante este atropello, los habitantes de La Alborada protegimos pacíficamente al delegado, lo que la policía respondió con lujo de violencia. De esta agresión hacemos también responsable a la presidenta de COPACI, Elena Medrano Núñez, quien se dedicó a criminalizar y señalar directamente al delegado Raúl Bernal, a integrantes de la Comisión del Pozo y a varios vecinos para que la policía los detuviera. Como consecuencia de estos señalamientos, actualmente hay dos vecinos detenidos cuya situación jurídica se encuentra en proceso.
Por diferentes medios nos hemos enterado de que el gobierno de Juana Carrillo Luna ha dado la orden de capturar al delegado Raúl Bernal sin justificación alguna, bajo la consigna de fabricarle delitos. Sabemos también que esta orden se extiende a los miembros de la Comisión del Pozo. Por ello, hacemos responsables a su gobierno y a la ciudadana Elena Medrano Núñez de nuestra seguridad e integridad, así como de lo que pueda ocurrirnos a nosotros o a nuestras familias. Ha quedado demostrado con hechos que las autoridades prefieren usar la represión antes que el diálogo.
¡Defender el agua no es un delito!
¡Exigimos la liberación de las dos personas detenidas!
¡Exigimos la destitución de Manuel Becerril López y de Elena Medrano!
Atentamente:
Vecinas y Vecinos Organizados del Fraccionamiento La Alborada, Cuautitlán.
16 de julio de 2026